La Ministra de Igualdad, Irene Montero, sigue dando la batalla con su proyecto radical desde el Gobierno social comunista de Pedro Sánchez en un intento por cambiar leyes controvertidas, y hasta ahora se está saliendo con la suya, pese a las consecuencias que ello comporte para la sociedad española. Su última ocurrencia, es que en la ley Trans, quiere dar la posibilidad de omitir el sexo en documentación y formularios oficiales, como en el caso del DNI, para aquellas personas no binarias, es decir, que no se sienten ni hombres ni mujeres, situación que llevaría a ciertos problemas legales, tal y como advierten expertos en la materia.
Además, este cambio tampoco es una prioridad para los miembros de este colectivo, que debemos recordar participaron en un estudio del Ministerio de Montero. Ello no ha supuesto un obstáculo para que el partido de Montero, Podemos, presentara esta misma semana junto a otros grupos parlamentarios, como Bildu, ERC, PNV, JxCAT, Más País y Compromís, una serie de enmiendas a la Ley Trans, que se encuentra aún en trámite parlamentario debido a que el PSOE se unió al PP para dilatar su aprobación. Entre ellas destaca que la nueva legislación elimine la obligación de especificar el sexo de una persona en su DNI. De prosperar la idea de Podemos y sus socios, esto supondría la eliminación de la mención al sexo en la documentación o la inclusión de una tercera casilla que indicaría un sexo indeterminado.
Sin embargo, Montero ignora en sus planes un informe del propio Ministerio que dirige de este mismo año, que costó 15.000 euros a las arcas públicas, titulado Estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias en España. Entre los temas que trata el estudio está lo que denominan «marcador de tercer género» en documentación oficial. Algo que en el mismo informe se considera un debate complejo, precipitado e incluso se advierte de los problemas que podría generar.